Es innegable que debe de existir una relación entre la criminología y los derechos humanos, ya que esto permite que se pueda considerar la creación de políticas criminológicas eficaces que puedan velar por la prevención y ataquen las raíces estructurales del problema de la criminalidad.

Los Derechos Humanos son entendidos como aquellos que son inherentes al hombre, los que garantizan que sea digno por naturaleza y que aunque esa persona realice actos de irresponsabilidad y con o sin respeto a los demás, no podrá perder esa dignidad que merece por el simple hecho de existir. Buscan ser garantías de la paz, la igualdad, el fortalecimiento de la democracia y la protección de los grupos más vulnerables de la sociedad.

Por su parte la Criminología se encarga del estudio de la criminalidad: el hecho en sí, o sea el crimen, al perpetuador de la acción, el criminal y sus factores y causas. Una de la parte de su estudio es la relación que puede existir entre el control social que es ejercido por el poder del Estado y el fenómeno de la criminalidad, y la premisa es que mientras las medidas de control sean más estrictas, es decir, penas más severas o nuevos crímenes que ameriten cárcel, por poner algunos ejemplos, mayor serán los índices de criminalidad.

Es por ello que existe la necesidad de buscar alternativas al castigo y al sistema carcelario y empezar a apostar por que el fenómeno sea visto desde una perspectiva de derechos humanos, ya que éstos serán violados siempre que el sistema siga perpetuando la impartición de justicia como una venganza o como castigo en vez de cómo una oportunidad de reinserción.

Es aquí donde resulta básica la participación de los expertos criminólogos que mediante la investigación en dicha área pueden adoptar una postura de respeto a los derechos humanos en los procesos de judicialización de personas involucradas en hechos criminógeno. También resulta vital su papel en la intervención en comunidades con altos índices delictivos ya que mediante su trabajo se pueden detectar los factores y causas que pueden desembocar en dichos índices de violencia. Con esto es que se pueden crear planes de prevención de la conducta delictiva que incluyen promover la sana convivencia, la atención a las adicciones, la adopción de medidas económicas que ayuden a que las personas tengan estabilidad, prestar especial atención a la salud y a los problemas de los jóvenes, entre otros.

Así mismo son un gran apoyo para la creación de medidas y criterios de carácter jurídico, social, educativo, económico y de índole similar que sea impulsado por los poderes públicos para la prevención y reacción frente al fenómeno criminal, con el fin de mantener y disminuir los índices delictivos en la sociedad. Y es la oportunidad idónea de promover el respeto y la garantía de los derechos humanos a nivel de políticas públicas y para cambiar el paradigma de la represión como solución a la criminalidad y por el contrario utilizar el castigo como una medida para el mejoramiento, la rehabilitación y la reinserción de los individuos que han caído en el mundo de la delincuencia por diversos factores.

También son necesarias las políticas públicas para que pueda haber una comprensión extensa por parte del Estado y sus representantes de la responsabilidad que tienen en que los derechos humanos sean garantizados para todos los pobladores, y esto se realiza por medio de la garantía de que cada uno de ellos tendrá trabajo, salud, economía, condiciones de vivienda, protección de los factores exógenos de la delincuencia, en general, acceso a una vida llena de dignidad, cosa que en la actualidad falta de comprender por parte de los servidores públicos.

En la sociedad actual hay mucha carencia en cuanto a la educación en derechos humanos, una gran parte de la población no cuenta con la conciencia de que existen este tipo de derechos y por ello es importante que se hagan todos los esfuerzos por parte de distintas disciplinas (como en este caso la Criminología), de promoverlos, y exigir que se lleven a cabo en las esferas gubernamentales.