La Cadena de Custodia en el Sistema Acusatorio, Según lo Impuesto por el Código Penal

Artículo extraído de la Revista Expresión Forense N° 14, escrito por Worral González, Edward Charles Alexander, Ramón Francisco González Verver Vargas.


Nuestro país atraviesa diversas y marcadas etapas de transición en lo relacionado con la procuración y administración de justicia. Esto se puede observar en los decretos publicados por el Poder Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación, en los que se aprecia la imposición punitiva del Estado ejercida por conducto del legislador, es decir, el ejercicio de la manus estatal en busca de la actualización legislativa, con la que se pretende atender efectivamente los factores reales de poder, para que la Constitución Federal que nos rige como ley suprema no se convierta en un simple trozo de papel.



Consecuentemente, podemos distinguir las reformas constitucionales del año 2008 que impusieron el procedimiento acusatorio penal en nuestro sistema de procuración de justicia y de persecución criminal, donde se visualiza, entre diversas máximas del derecho subjetivo penal, la imposición de principios en el sistema penal, con la finalidad de obtener un procedimiento de persecución criminal efectivo y eficaz, atento ésta vez a las necesidades reales de una nación que claramente ha perdido confianza en su sistema de justicia. El sistema penal que tras las reformas impone nuestra Carta Magna incluye matices derivados de otros países, tanto de habla inglesa como hispana, los que han encontrado en el procedimiento de preponderancia oral una eficacia operativa que no se hubiese logrado alcanzar de continuarse aplicando el identificado como procedimiento inquisitivo. Tal situación, a nuestro criterio, y como se explicará en los próximos renglones, es consecuencia directa de un efecto de globalización jurídica.


Respecto de lo señalado se vuelve conveniente destacar que el ejercicio del sistema acusatorio penal en la normativa de países regidos por el common law, así como su consecuente perfeccionamiento a través de la práctica constante de dicho sistema de impartición de justicia penal, ha dado como consecuencia que los resultados estadísticos en los países donde se viene aplicando el mismo muestren una mayor seguridad y cierta eficacia en la impartición de justicia, condición que en la práctica, por supuesto, genera una sensación de seguridad entre la población.


Como resultado de dichos datos estadísticos, en otros países se ha despertado la inquietud de ejercer un derecho comparado, en el ánimo de alcanzar la anhelada paz social, y a perfeccionar (o cuando menos a mejorar) su sistema de procuración e impartición de justicia penal.


Con base en las anteriores consideraciones, a criterio de quienes redactan, en México surgió esta referida inquietud de mejorar la impartición de justicia; posteriormente se analizaron las circunstancias, llegando a la conclusión de que el sistema que regía, y que en algunas regiones aún rige (el inquisitivo) -por lo que hace al procedimiento de persecución criminal- es totalmente ineficaz para combatir el delito. Esto generó la imposición de un sistema procedimental oral basado en los principios de oficialidad, acusatorio, oportunidad, juez establecido por la ley, concentración y celeridad, así como los principios de inmediación, de libre valoración de la prueba, de presunción de inocencia y desde luego, el de contradicción.


Dichos principios fueron impuestos a nivel constitucional, dando la oportunidad al legislador de crear la ley secundaria con un tiempo considerable, misma que detallará y afinará el sistema penal oral establecido. Así las cosas, el pasado 5 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP en adelante), el cual impone el sistema procedimental penal en cita, extendiendo su ámbito de aplicación de forma general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales.


El instrumento en mención fue desarrollado entre diversas incertidumbres y posturas contradictorias respecto de su contenido, y su publicación se presentó incluso a pesar de haberse realizado una labor legislativa de algunas entidades federativas que ya habían creado su propio Código Procedimental Penal, justamente en virtud de lo dispuesto por la reforma constitucional del 18 de Junio de 2008. En este CNPP se dispone la voluntad punitiva del Estado, rigiéndose bajo un régimen sancionador, siendo posible apreciar que con su creación el legislador federal ha pretendido generar una ley general, impersonal y abstracta que sea capaz de atender -en toda la República Mexicana- el procedimiento que provoque el movimiento de todo ese engranaje compuesto de instituciones que velan por el cumplimiento de las disposiciones legales impuestas en beneficio del bien común.


Lee el artículo completo en la Revista Expresión Forense N° 14 en formato digital.

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