Democracia y Gobierno de la Seguridad

Por Edgar Alejandro García Martínez


Las distintas ópticas que se han aplicado al fenómeno delictivo oscilan entre planeaciones doctrinales y practicidad reducida a presupuestos sexenales o trienios; la continuidad en la política pública de seguridad cada vez se hace más necesaria, bien para desechar toda la planeación que pudiera no ser sustentable en una sociedad determinada o bien por el enfoque desde el que erróneamente se abordó. Tras el ensayo y error constante existente entre los “usuarios” que son los gobernados y los tomadores de decisiones, es importante reconocer las limitantes de los aparatos de procuración de justicia tradicionales así como organizaciones completas de seguridad pública, así como la complejidad de la política social que debe ir acorde con los lineamientos institucionales que hasta el momento se hayan generado. Entiéndase de esta manera al Derecho como una herramienta y a las bases criminológicas como una opinión técnica de lo que ha de servir en lo voluble y volátil del comportamiento social.


El control social como política de desarrollo ha sido rebasada por las necesidades de expresión (derecho de minorías), populismo penal (necesario y constante en cada campaña política) y la creciente criminalidad. De ahí que el sentido democrático y la participación activa de la población, que finalmente es quien reciente el daño directo, se hace cada vez más indispensable para legitimar los esfuerzos de los gobiernos para la toma de decisiones, finalmente será el funcionario encargado de hacer cumplir las políticas vigentes y en estricto apego a la legalidad, o no, quien dicte la necesaria actuación de las instituciones policiales en tres criterios fundamentales para crear practicidad estadística de gran impacto:


· La acción penal generada por la vinculación a proceso: Bien se puede interpretar que la efectividad de una detención en flagrancia se ha de calificar de legal ante la autoridad jurisdiccional, independientemente del marco jurídico punitivo, el trabajo del Estado se habrá de cumplir en un primer momento al concatenar las acciones efectuadas por las Policías y el trabajo de técnica jurídica implementada por el Ministerio Público para generar la apertura a la investigación complementaria. Llegado el momento en un segundo y definitivo momento, habrá de existir una sentencia condenatoria, culminando con ello, los esfuerzos de que el culpable cumpla con su responsabilidad, la reparación del daño, la atención de la víctima u ofendidos y que los hechos finalmente no queden impunes. A todo esto habría que agregar que en la actualidad el Ministerio Público es quien “cuadra” la investigación desde la puesta a disposición por los Primeros Respondientes, cuando deben ser los hechos enmarcados en la documentación de éstos la materia que el Ministerio Público debe encausar; de ahí el fracaso en las investigaciones, la falta de pericia en la integración de carpetas de investigación y el sentimiento constante de corrupción e impunidad actuales.


· Efectividad de la investigación delictiva: Con la conducción y mando de la investigación por parte del Ministerio Público (artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) los actos de investigación recaen en lo que analíticamente construye como un caso, y que será la Policía de Investigación quien genere dichos actos en la práctica. La mejora de esta documentación como datos de prueba, deben ser potencializados con la constante preparación de cuadros investigativos adecuados, como es el efectivo servicio profesional de carrera, la capacitación táctica de las detenciones y uso de la fuerza así como elevar el grado de conocimiento de distintas áreas periciales, esto para reconocer los adecuados planteamientos de problema a solicitar y efectuar en inspecciones que generen información que pudiera obtener certeza sobre los hechos que se investigan. Tal criterio debe ser cuidadosamente documentado, ya que en los casos de investigaciones de gran impacto se tiene la primicia de cuidar los bienes jurídicos de los ciudadanos involucrados, referido así por Borges: “Ni las labores propagandísticas en materia de seguridad pudieron frenar lo inevitable: la presencia del crimen organizado en cada estrato de la sociedad. Antes, se mataban entre ellos, como dijo el presidente Calderón; «ahora se matan y se asesinan entre nosotros»”


· Fidelidad de la inteligencia táctica y operativa: El evaluar las fuentes de información abiertas y hacerlas pasar como información verificada es un fraude para la generación de las políticas públicas; el usuario a nivel de investigación de lo criminal siendo el Ministerio Público quien genera investigación para tener certeza sobre lo sucedido, elementos con los que se presenta para hacer una imputación ante un juez de control, por ello es delicado malversar los hechos, alterar los indicios y generar información que fácticamente se ha de caer en los posteriores actos de investigación. En el ámbito de la Seguridad Pública, será el señor secretario, o directores, quien enfocados a la estadística sectorizada de incidencia delictiva deben generar investigación preventiva para la identificación de objetivos; no se trata de validar todos los rumores, más bien de obtener información plausible en referencia a los objetivos acorde a la política pública para la toma de decisiones.


La pluralidad y opinión pública se ha venido desarrollando en ideas funcionales como: los observatorios ciudadanos, censos de percepción de seguridad y participación activa de organizaciones civiles, todo ello en relación de la información que pudieran compartir para que el gobernante sustente sus percepciones sobre su trabajo y el impacto del mismo; situaciones en las que será el funcionario quien podrá dar el espaldarazo político sin la más mínima generación de cambio en su actuar. A todo ello es necesario saber que los esfuerzos de muchas instituciones han sido en medida a captar información a través de métodos de investigación validados, procesamiento de la misma, depuración y generación de productos (estadística e inferencia estadística ) que refieren inteligencia; entendida esta como información elevada a grado de certeza, todo ello con la finalidad de que quien ostente el poder en términos de seguridad tenga las bases para adquirir un criterio útil y practico, mismo que ha de ser usado para beneficio de la sociedad. Como correctamente sostiene Pavarini: “…dar mayor poder a la policía, introducir leyes que recrudezcan sólo virtualmente las penas, invertir un poco de recursos en video-vigilancia, o bien encender alguna cantidad adicional de lámparas en la vía pública y alguna cosa más, no significa poseer una cultura de gobierno de la seguridad”. Todo lo anteriormente descrito es el camino que se ha de pretender con gobernantes que ostenten cargos cruciales para la toma de decisiones en materia de seguridad pública y procuración de justicia, cuadros que deben ser cuidadosamente seleccionados en base a que sepan usar la inteligencia generada por las diversas instituciones encargadas de ello, como lo son INEGI (incidencia delictiva), CISEN (agenda nacional de riesgos), plan nacional de desarrollo, plan estatal de desarrollo, estadística generada por observatorios ciudadanos y organizaciones civiles, y más.


Los esfuerzos de integrar una política de seguridad pública deben basarse en el bienestar común de la sociedad, el sentido retributivo de la pena es nulo en la actualidad, pues verla con enfoque de aprendizaje social o como venganza pública no ha generado más que, en los casos de éxito, sobre población penitenciaria y la franca crisis en el paradigma de reinserción social. Pues como elemento de análisis queda el comentario del Maestro Pavarini: “Con ello se consigue que se castigue, no para retribuir un mal con otro equivalente, ni tampoco para disuadir a los potenciales violadores de la ley penal para que no delincan; se castiga porque a través de la pena se ejercita la función primaria que es la de consolidar la fidelidad, si se quiere con relación al derecho, o con relación de la organización social por parte de la mayoría”.


Finalmente habrá que construir una realidad táctica con gran voluntad política, siendo la técnica jurídica, la investigación policial, integración pericial e inteligencia operativa, las herramientas para crear políticas de seguridad que puedan gobernar la calle, siendo la consecuencia el mejoramiento institucional y el constante estudio de las variables sociales como producto humano, atrás quedaron los ilusorios tiempos de erradicar completamente el crimen y la violencia, los modelos predictivos al menos en nuestro sistema de justicia penal no son vistos como prácticos; será la inversión en el capital humano lo que genere un cambio radical en el desarrollo social, esto ha de ir de la mano con políticas públicas enfocadas a educación, salud, deporte y trabajo. El gobierno de la seguridad será encausado a las necesidades del analista del constructo social.


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